Por Maricarmen Rivera
El árbitro importa. Lo sabemos los aficionados del León. ¡Vaya! que no es lo mismo que nos pite el partido César Ramos Palazuelos a que lo haga Jorge Pérez Durán. Nos queda claro.
Y esa no tan sutil diferencia, que nos aporta cierta confianza, puede determinar toda una estrategia de juego e impactar tanto en el ánimo de los jugadores, del cuerpo técnico y de la afición, como en los resultados.
La predictibilidad tiene la bondad de infundir certeza. Y ocurre lo mismo cuando hablamos de árbitros constitucionales.
Apenas el miércoles pasado, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dio una muestra de buen arbitraje en materia energética.
En la primera mitad del encuentro constitucional, Rocío Nahle y el presidente habían hecho avanzar el marcador al imponer una Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) dando una ventaja indebida al equipo llamado Comisión Federal de Electricidad (CFE). La respuesta en el arco contrario fue anotada por el conjunto de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que apuntó directo a la invasión de sus facultades logrando la invalidación de 22 de aquellas disposiciones por evidentemente inconstitucionales.
El ministro Luis María Aguilar, responsable de proyecto que resolvió esta Controversia Constitucional 89/2020, aun con el voto en contra de la presidenta de la Sala, fue el mismo árbitro que hace meses abogó ante el pleno de la Corte por declarar inconstitucional la pregunta de la consulta popular para juzgar a los expresidentes, cuyo resultado en votación de 6 a 5 puso en vilo a la propia Constitución que prohíbe expresamente que sean consultados los derechos humanos que nos protegen a todos, sin importar que esos precisos humanos nos caigan mal.
Por eso el árbitro importa. Y debemos notar bien quiénes aplicaron tarjetas y quiénes no vieron las faltas, porque tarde o temprano eso nos voltea el resultado.
Hoy, qué bueno, a 104 años de la promulgación de la Constitución, estamos hablando más de inconstitucionalidades, que de honor a los constituyentes.
De las 42 reformas de ese tipo aprobadas por la LXIV Legislatura, 10 permanecen pendientes de revisión constitucional por las vías de Acción de Inconstitucionalidad o Controversia Constitucional, es decir, que están objetadas por actores políticos interesados o afectados por ellas, y que por más que la aplastante mayoría de las Cámaras haya alcanzado el número de votos necesarios en el proceso legislativo, esos temas no han pasado el control. Para no salir de tono, digamos que los ministros están acudiendo al VAR de los expedientes.
Ni para los súperdelegados y sus comisiones presidenciales, ni para la Guardia Nacional o las leyes secundarias de la contrarreforma educativa, el veto de 10 años a los funcionarios para no entrar con información y experiencia de su ramo a la iniciativa privada, la extinción de dominio, el terrorismo facturero o la reforma para hacer adquisiciones vía la ONU, ha sonado el pitazo final.
Tampoco las reducciones a salarios mayores al del presidente en el caso de organismos autónomos, el decreto del Ejecutivo sobre los tiempos de radio y televisión o el de uso (y abuso) de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública han completado sus noventa minutos reglamentarios. Todavía nada para nadie.
Observemos atentos, con botana y chela en mano si se prefiere, cómo importan en el juego los contrapesos y los controles constitucionales. Cómo importa que los árbitros tengan claras sus ideas sobre el derecho y la justicia, cómo importa que todos participemos, aunque sea desde tribuna, unos con porras y otros abucheando.
Las reformas constitucionales no reforman la realidad.
Y es ese el juego pendiente más grande del constitucionalismo mexicano y del todo el sistema jurídico y político del país.
Todas las ideas románticas sobre nuestra perfecta -aunque perfectible- Constitución, sirven de poco a la hora de contrastar el documento con la realidad. Ni tan de avanzada, ni tan modelo, ni tan estado de bienestar social mientras las mexicanas y mexicanos no vivamos completo ni el primero constitucional. Podríamos escribir tratados completos, por ejemplo, sobre la igualdad formal contra la desigualdad material, solo para empezar.
La Constitución Política, justo por política, seguirá su curso de reformas a manos de las mayorías. Inevitablemente.
Pasar del papel a la realidad y a justiciabilidad de todos los derechos para todas las personas, es nuestro mejor deseo conmemorativo.
Y por eso, para ganar el juego, conviene no olvidarnos del mandato de constitucionalidad. Hay que exigirlo a todas y todos los operadores del derecho, a los Poderes de la Unión, principalmente, a las autoridades republicanas, federalistas y representativas y también al pueblo soberano.
Los jugadores importan. Los árbitros importan. Los controles constitucionales importan.
Porque esto no se acaba hasta que se acaba.
*a