Tras denunciar discrecionalidad en la entrega de créditos del programa Impulso Económico GTO, el presidente del Colegio de Abogados de León, Jorge Marcelino Trejo Ortiz, exigió que se audite el procedimiento, las reglas y la forma en que se asignaron los créditos financieros.
Al menos 60 profesionales de la abogacía buscaron acceder a recursos económicos para mantener los empleos dentro de este sector, sin embargo, les fue negado el apoyo.
“Sin préstamos realmente discrecionales, como si solamente un sector de la población fuera el merecedor o que tuviera derecho a recibir esos créditos derivados de amiguismos”, declaró.
León cuenta con al menos 3 mil 500 despachos de abogados y al menos un 50% prescindió de los servicios de su equipo de trabajo derivado del impacto económico generado por la pandemia del COVID-19.
Asimismo, informó que actualmente valoran la posibilidad de interponer una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG).
Marcelino Trejo lamentó que el gobierno estatal no haya abierto el acceso a créditos financieros a todos los ciudadanos que pagan impuestos y que cuentan con empresas formales.
“Ya ahorita lo veo complicado porque los dineros ya fueron asignados y solo está en revisión el expediente de los que ya se aprobaron, pero ninguno para los abogados”, comentó.
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