Guanajuato - Nicolás Pérez Ponce, presidente de la Red Estatal de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), exigió mayor protección y seguridad para los centros de rehabilitación del estado.
Así lo dijo él mismo tras una reunión con el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, en la que destacó la vulnerabilidad con la que operan los anexos.
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Explicó que esta es la razón de los más de 30 ataques registrados en los últimos años contra estos centros, que son objetivos del crimen organizado.
“Nos venimos muy contentos, pero también nos venimos desconfiados, con la desconfianza de que esto sea nada más por la situación que estamos viviendo", afirmó Pérez Ponce tras la reunión.
En el encuentro, el funcionario denunció que desde hace cinco años la organización intenta, sin éxito, que el Gobierno del estado los escuche.
“Ya son cinco años los que hemos estado tocando el Gobierno del estado y no nos han escuchado”, subrayó.
Según Pérez Ponce, solicitaron “mucha seguridad”, y aunque reconocen que es complicado, esperan acciones concretas para proteger a los internos y prevenir más tragedias.
Ponce también señaló que el gobierno desconoce la cantidad exacta de centros de rehabilitación en la entidad.
“Ellos desconocen, no traen cifras como tal, solo es una suposición lo que ellos traen", comentó, añadiendo que la CRUB tiene datos más precisos y estima que hay entre 650 y 700 centros en todo Guanajuato.
El estado solo tiene conocimiento de los centros certificados por la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), lo que deja fuera a muchos centros que operan sin esta acreditación.
La reunión también dejó abierta la posibilidad de establecer rondines continuos en los anexos, en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales.
“Nosotros buscamos la manera de que sean con rondines continuos… que se coordinen con el Estado”, explicó.
Pérez Ponce subrayó que algunos centros se ubican en zonas consideradas como “semáforo rojo” debido a su vulnerabilidad a la violencia.
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“Tenemos ubicados algunos lugares donde están en semáforo rojo”, comentó, sugiriendo que se implemente un plan de acción específico en estas áreas.
Sin embargo, destacó la dificultad de denunciar públicamente estos riesgos, ante el temor que sienten tanto ciudadanos como responsables de anexos.
“La gente tiene miedo… Si la ciudadanía tiene miedo a hacer una denuncia, imagínate nosotros", finalizó.
*GG
